EN ESPAÑA LOS HIJOS DAN DERECHO A REGULARIZAR A SUS PADRES

Padres de hijos españoles podrán regularizar su residencia en España   (Desdelsur y agencias, Madrid) El gobierno de España permitirá la regularización de su residencia a inmigrantes que tengan hijos con nacionalidad española y a las mujeres extranjeras que hayan sido víctimas de la violencia de género. La iniciativa ha sido planteada en el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería que fue presentado oficialmente por la Secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón. En el artículo 122 de  la propuesta que reglamenta la Ley de Extranjería se incorpora la figura de arraigo familiar por el que se establece que todo padre o madre de menores nacidos en España  podrán regularizar su residencia siempre y cuando el/la hijo/a esté bajo su dependencia y conviva con el progenitor que solicita la autorización.  Esta figura también es aplicable "cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles". Según la legislación vigente, al nacer en territorio español no se obtiene automáticamente la nacionalidad  pues ésta se obtiene por “derecho de sangre”, es decir, cuando la persona es de la misma nacionalidad que sus padres. Un nacido en España de padres extranjeros, puede obtener la nacionalidad siempre y cuando ambos – padres e hijo/a -  carecieran de nacionalidad o si la legislación de los países de origen de los padres  no atribuya al hijo una nacionalidad. En el caso de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Cuba y la mayoría de los países americanos, si los padres no inscriben expresamente a sus hijos como ciudadanos de estos países, los niños pueden optar a la nacionalidad española. También ocurría así con los ecuatorianos, hasta hace dos años, antes de los cambios constitucionales, de tal manera que un buen número de niños ecuatorianos nacidos en España hasta 2009 tienen nacionalidad española.  Las autoridades explicaron que estas iniciativas han sido formuladas en  el reglamento porque hay muchos niños en España que no son expulsables porque son españoles, pero corren el riesgo de quedarse solos si sus padres, que no tienen la documentación en regla, son repatriados.  Reconocen, asimismo, que estos niños son una especie de españoles de segunda, porque no tienen los mismos derechos que otros niños españoles: sus padres, al no tener papeles, no pueden pedir becas, ayudas y otros servicios que benefician a las personas con nacionalidad española.  La Secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, explicó que el documento en borrador recoge varias recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, que ha reclamado de manera reiterada por una legislación que garantice el derecho a la igualdad.  Con esta propuesta, explicó, “no estamos abriendo las posibilidad de dar permiso de residencia a todo aquel que llegue a nuestro país, sino de hacer iguales a los que ya son españoles. Anna Terrón dijo que "el arraigo es algo excepcional y debe ir disminuyendo cada vez más por razones de contexto y realidad".  El reglamento en borrador,  ratifica también otras figuras como el arraigo laboral que se concede a los extranjeros sin antecedentes penales con al menos dos años viviendo en España y que trabajan al menos seis meses. Asimismo, el arraigo social que se otorga a los extranjeros que llevan al menos tres años en España, no tienen antecedentes penales, disponen de un contrato de trabajo por al menos un año, tienen familia residente en territorio español y su ayuntamiento o comunidad autónoma les ha emitido un informe de integración social favorable.  Otra iniciativa complementaria sugiera incluir a las extranjeras en situación irregular que son víctimas de violencia de género y de trata de personas, con lo que se pretende cambiar la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes ya que la necesidad de un permiso de trabajo las hace más dependientes de sus parejas o ex parejas.  A partir de esta reforma, algunas mujeres podrán solicitar una autorización de residencia y trabajo por estas circunstancias excepcionales. En el caso de que la denuncia fuese falsa y la mujer extranjera estuviera en situación de irregularidad será pasible a sanciones.