(Desdelsur, Madrid) Distintas ONG que apoyan a inmigrantes en España, califican a los Centros de Internación para Extranjeros como los “Guantánamos españoles” por las pésimas condiciones en las que están recluidos ciudadanos de diferentes países. Las vulneraciones a los derechos humanos que allí ocurren y que se dan con total impunidad configuran un espacio de violación flagrante a los derechos humanos.
Según autoridades del Estado Español, los derechos de los ciudadanos, allí recluidos, son garantizados, por tanto, son falsas las acusaciones de abuso y discriminación que se ha efectuado en contra de los CIE. Sin embargo, Javier Ramírez, coordinador de SOS Racismo Madrid, asegura que hay una “falta total de transparencia de lo que allí ocurre”. Para este abogado, en los CIE se niegan y dificultan derechos básicos como el acceso a la justicia, ni siquiera se permite el acceso a periodistas u organizaciones sociales. Esta falta de información y claridad en los procedimientos de estas instituciones, permiten que las posibles agresiones policiales queden en la más absoluta impunidad.
Y para muestra un botón, éste es el caso de un ciudadano boliviano que fue deportado a su país de origen sin la mínima defensa a su favor, fue trasladado con toda impunidad al Centro de Internación para Extranjeros de Aluche. Cristian Mercado fue detenido en una boca de metro de la localidad madrileña de Coslada, en un operativo redada bajo la dirección del Ministerio del Interior. Mecanismo que según la versión de Alfredo Pérez Rubacalba no existe. Cristian de 35 años, recién salía de trabajar cuando fue aprehendido por no tener la documentación en regla. Le hicieron un juicio rápido y lo trasladaron al centro de internación, donde debió esperar hasta su deportación. Sandra Silvestre, madre de su hija de 9 años, contó que “no pudo darle un abrazo cuando fue a visitarlo”, además, Cristian le contaba que eran maltratados, recibían golpes, insultos y toda clase de vejaciones. Después de medio mes, lo llevaron al aeropuerto de Barajas para deportarlo a Bolivia. Según Sandra, Cristian recibió una paliza por resistirse a subir al avión. La misma suerte también corrieron mujeres embarazadas que no querían subir al avión y que tras ser agredidas no recibieron asistencia médica. Éste, es solo un testimonio de un caso ocurrido en octubre de 2010. Un hecho reciente tiene como protagonista a un ciudadano de Malí. Jérome vivía en España hace tres años. Estaba sin trabajo y tenia pareja española, cuando la Policía
Nacional le pidió el permiso de residencia, que nunca consiguió, fue aprendido y trasladado al CIE de Aluche. Tras dos días en el juzgado y cinco minutos de juicio, Jérome llegó al centro del barrio madrileño, donde pasaría 58 días recluido. Según Jérome, “la gente en ese lugar es llamada por un número, y solo dan un colchón y una manta, y nada para el aseo”.
Para él, lo peor fue no poder avisar a nadie donde estaba. Durante su permanencia forzada en ese lugar comprobó que los insultos de carácter racista y las palizas eran para todos sin excepción. Él joven decía, “te encontrabas gente sin poder moverse y veías hombres mayores llorando solos” llegó a pensar que se volvería loco. Por suerte, tras cumplir 60 días de arresto, al no ejecutarse su deportación, fue puesto en libertad.
Aunque sobre él recae la orden de expulsión, situación que le impedirá cualquier tipo de contrato legal de trabajo, de vivienda, etc. Por otra parte, Ignacio Trillo, abogado de la Asociación Ferrocarril, denuncia que la realidad de los CIE “se corresponde perfectamente” a la definición de tortura que especifica la ley española. “En los CIE sí hay tortura, se trata de una violencia sistemática, un sistema de miedo que empieza en las redadas en la calle”. Un miedo que Jérome todavía tiene, y que parece contagiarse entre todos los extranjeros que no consiguen el permiso para vivir en España. |
Centros de Internación para Extranjeros son cuestionados 
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