Se promueve protocolo andino de lucha contra trata y tráfico de personas | ||||||||||||
Lima / Perú 11 de Julio 2012Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sientan las bases para una acción regional contra este delito transnacional que mueve más de 8 mil millones de dólares en el mundo a cada año. |
La elaboración de un Protocolo Andino que estandarice los lineamientos de lucha contra la trata y tráfico de personas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, constituye un desafío de corto plazo para sentar las bases de una acción regional contra este delito transnacional, según las resoluciones adoptadas en una reciente conferencia sobre atención a víctimas de trata de personas.
El encuentro realizado en Lima, Perú, con el auspicio de la Red Andina de Migraciones, concluyó que además de realizar un trabajo de sensibilización, los esfuerzos desplegados por los estados y las organizaciones de la sociedad civil deben estar orientados a erradicar los factores que conllevan a las víctimas a caer en las mafias de la trata y tráfico de personas.
A tiempo de destacar que en este mundo global y en pleno siglo XXI, la trata y tráfico de personas se ha convertido en uno de los negocios criminales más rentables y en uno de los más atroces, se recordó que no sólo está asociado con la explotación sexual sino también con la explotación laboral en condiciones de total servidumbre.
Se informó que para elaborar el Protocolo se está llevando a cabo una investigación y diagnóstico regional, que permitirá dar luces del trabajo de cada región en torno a la trata y tráfico de personas por parte de la sociedad civil y del Estado.
En el encuentro participaron diversas organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que recordaron que la trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual, así como el tráfico de órganos humanos, vienen siendo perseguidas internacionalmente desde el año 2000 cuando se firma el Protocolo de Palermo y se tipifica a este conjunto de conductas criminales como trata de personas.
Engañar, captar, trasladar y retener personas para explotarlas sexualmente o someterlas a condiciones de servidumbre laboral, entre otras modalidades, constituyen las peores formas de explotación y un atentado contra los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y a la libertad.
Para dar cuenta de la magnitud del desafío que tanto los estados como la sociedad civil tienen al frente, se recordó que las estimaciones más conservadoras establecen que este negocio criminal mueve más de 8 mil millones de dólares en el mundo a cada año.
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