Chile registra una creciente migración intrarregional
Santiago / Chile 24 de Agosto 2012
Según el Departamento de Extranjería, las estadísticas muestran que la mayoría son mujeres, migran para trabajar y son de origen latinoamericano.
Chile registra una creciente migración intrarregional que exige encarar múltiples desafíos para garantizar los derechos a la salud, educación y vivienda, según un informe presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
El informe del INDH Chile, subraya que aun cuando en términos netos Chile continúa siendo preferentemente de emigrantes, en las últimas décadas la población extranjera ha ido en continuo aumento.
Las estadísticas muestran que en el año 1982, se estimaban cerca de 85.000 extranjeros/as; para el año 2011, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior estimó en 352.000 la población migrante, principalmente de Perú (37,1%), Argentina (17,2%) y Bolivia (6,8%).
El peso específico de cada nacionalidad en la población migrante ha ido variando y según información entregada por la Dirección de Registro Civil e Identificación al INDH, del total de cédulas a personas extranjeras otorgadas entre 2009 y 2011, las nacionalidades más numerosas son Perú (125.524); Bolivia (21.199); Colombia (19.674); Argentina (17.623) y Ecuador (12.765).
El informe destaca también quela migración en Chile se caracteriza, entre otros factores, por una población en edad activa (85% está entre 16 y 59 años), educada y que migra para trabajar, mayoritariamente femenina (55% del total) y de origen latinoamericano.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “el Estado de Chile ha realizado esfuerzos en los últimos años por adecuar su legislación y sus políticas públicas en materia migratoria, pasando de una materia propia de seguridad nacional a una tributaria del campo de los derechos humanos”.
El INDH destaca las modificaciones a la legislación heredada de la dictadura, amnistías y procesos de regularización de la condición migratoria irregular; disposiciones sectoriales en las áreas de salud y educación; la aprobación de la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados; y la reciente tipificación de los delitos de tráfico y trata de personas. Constituye igualmente un avance la ratificación, en abril de 2005, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Sin embargo, puntualiza que “a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, quienes migran a Chile enfrentan una institucionalidad que no está preparada para su llegada con dificultades en el plano normativo y de política pública –particularmente en los ámbitos de la salud, el trabajo y la educación- que afectan el pleno ejercicio de derechos por parte de los y las migrantes en el país”.
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