España vive nuevo drama migratorio, ahora en salud
Madrid / España 26 de Septiembre 2012
La vigencia del Real Decretoque cancela el derecho a recibir atención médica gratuita, excepto de urgencia, a quienes están ilegalmente en ese país, empieza a cobrar factura.
Hace cinco años, Fernando Ángel Bastidas estuvo a punto de perder un brazo debido a un accidente en la granja agrícola en la que trabajaba en Valladolid, en el Norte de España.
El motor de la máquina transportadora estaba en mal estado y de repente se apagó. Cuando él comenzó a limpiarla para que funcionara de nuevo vino la luz y le jaló el brazo. “Fue tal la fuerza del motor que mi brazo se partió en dos y una de las partes se quedó colgando”, relata el afectado.
Bastidas, un inmigrante ecuatoriano que entonces tenía 40 años, llevaba unos meses trabajando en la granja y aún no tenía su documentación en regla. Su jefe, el empresario español César Pardo, le había prometido que le haría una oferta de trabajo que le permitiría tramitar su permiso de trabajo y de residencia, pero pasaban los meses y el empresario no cumplía su palabra.
Así que cuando ocurrió el accidente, Pardo no sólo no le quiso llevar al hospital sino que le advirtió que no dijera que todo había sucedido mientras trabajaba sin su documentación en regla, ya que si lo hacía “a ti te van a expulsar de España y a mí me van a llevar a la cárcel”, le espetó. A cambio de su silencio le ofreció mil 500 euros que él no aceptó.
Pese a estar en situación irregular, la ley le concedía entonces acceso a la atención médica. El joven fue atendido en el hospital. La cirugía duró 9 horas y durante la misma, los médicos le colocaron dos platinos de 20 centímetros en el cúbito y otros dos en el radio y 40 tornillos en cada uno de los huesos. Luego pasó nueve meses en rehabilitación. Cinco años después, Bastidas ya puede mover su brazo aunque sigue sin poder agarrar peso. Y todavía no tiene el alta definitiva.
Cada tres meses tiene que ir a que le tomen placas para ver si todo va bien; cada día se tiene que poner una crema que le dan en el hospital y de vez en cuando debe tomar analgésicos para el dolor, que también le dan en el hospital. Además sufre una depresión que requiere tratamiento.
Pero Bastidas ya no puede acudir a su centro sanitario para que le atiendan gratis. El Real Decreto 16/2012 aprobado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que pertenece al Partido Popular (PP) establece que los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a tarjeta sanitaria y por tanto no pueden ser atendidos de manera gratuita en el servicio sanitario español.
Sólo se atienden los casos de urgencias por enfermedad o accidente; a las mujeres embarazadas durante el embarazo, el parto y el postparto, y a los menores de 18 años. Así que si Bastidas o alguno de los más de medio millón de inmigrantes que se calcula hay en España en situación irregular quieren utilizar el sistema de salud español, tienen que abonar 710 euros al año (59.20 euros al mes y 155.40 para los mayores de 65 años), una cifra superior a la que cobran muchos seguros privados de salud, para ser atendidos en un centro sanitario. Algo imposible para ellos teniendo en cuenta que si no tienen papeles es porque no tienen un contrato de trabajo, lo que implica que no tienen un salario del que vivir y con el que pagar su seguro.
Casos aún más graves
Hay casos mucho más dramáticos que el de Bastidas. Como el de Yusef, un senegalés enfermo de VIH que si no recibe las medicinas que necesita morirá. O Joana, una joven de Cabo Verde que tiene esquizofrenia y que debe estar medicada para controlarse. O Hugo, un ecuatoriano que tiene Parkinson y necesita unas inyecciones que cuestan cinco euros para paliar el temblor. O Jonathan, que tiene hepatitis crónica, o Ana Paula, que sufre tuberculosis.
Todos ellos son inmigrantes sin papeles. Vinieron a España hace años y por mucho tiempo trabajaron, cotizaron a la Seguridad Social y tuvieron tarjeta sanitaria. Con la llegada de la crisis perdieron sus puestos de trabajo, pero gracias a la tarjeta sanitaria (bastaba estar empadronado para conseguirla) pudieron seguir siendo atendidos de manera gratuita.
Ahora, en cambio, deben mostrar su tarjeta sanitaria y su permiso de residencia, y si no tienen ambos y acuden a un centro de salud o a un hospital, deben pagan la factura o se les negará la atención.
“No sé qué voy a hacer, si morirme o quedarme. No sé qué es mejor para mí. Estoy desesperado”, asegura Bastidas. “Tengo unos dolores muy fuertes en el brazo y no puedo pagar los medicamentos que necesito tomar ni las cremas que me debo poner, así que si la sanidad no me las quiere dar voy a preferir irme de este mundo”. El inmigrante reconoce que su caso no es de los más graves, y cuenta que tiene un amigo que se cayó de un andamio, que está a la espera de que le operen, pero que ahora al no tener tarjeta sanitaria los médicos no lo atenderán. “Nos quieren dejar morir”.
El Gobierno asegura que España tiene que dejar de ser “el paraíso de la inmigración ilegal” y que los migrantes tienen que tienen que “entrar legalmente en España”. Argumenta que la sanidad española tiene una deuda de 16 mil millones de euros y que no puede pagar la sanidad de los que no están dados de alta en la Seguridad Social, y espera que con esta medida el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puedan ahorrar unos 500 millones de euros.
Sin embargo, partidos políticos, asociaciones de médicos, de inmigrantes, grupos de derechos humanos y ONGs critican la ley, que califican de xenófoba, destructora de la universalidad de la sanidad e ilegal, porque va contra la ley de Extranjería que establece que todos los inmigrantes tienen derecho a los servicios básicos en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles.
“De última categoría”
Raúl Jiménez, ex director de la SENAMI (Secretaria Nacional del Migrante Ecuatoriano), califica la nueva ley de “lamentable” y dice que con ella el gobierno del PP “criminaliza a la inmigración, la responsabiliza de la crisis y considera a los inmigrantes personas de última categoría”.
“Esta medida va a provocar que inmigrantes con enfermedades crónicas se agraven y también va a hacer que muchos no vayan al médico por temor a ser expulsados por su situación irregular, que se aíslen más y que acaben marginados”.
Jiménez, que durante 12 años trabajó como director de comunicación de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Ruminahui, subraya que, pese a que sufren muchas patologías, según muchos estudios los inmigrantes son los que menos utilizan la sanidad “porque vienen de países donde no hay políticas preventivas, lo que hace que no estén acostumbrados a ir al médico”.
Entre las enfermedades que padecen cita algunas comunes como el cáncer, pero también dice que tienen muchas otras fruto de su separación de la familia. “Muchos de ellos se han visto obligados a dejar a sus mujeres y a sus hijos en sus países de origen, a estar separados de ellos durante años, por eso padecen el Síndrome de Ulises, o síndrome del emigrante, con estrés crónico y múltiple, y también depresiones, crisis de ansiedad, problemas sicológicos y alergias”.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la más representativa de Atención Primaria, con unos 22 mil socios, también rechaza el decreto, defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer, y su presidente, el doctor Josep Basora, dice que “no podemos dejar de atender a quienes han sido nuestros pacientes”. Han pedido al Gobierno que rectifique y han advertido que si no lo hace “la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de conciencia”, un derecho básico, que “no puede ser perseguido por las instituciones públicas”. Hasta el momento ya son más de mil 600 los que se han acogido a la objeción de conciencia para no cumplir la ley mediante su inscripción en un registro de la semFYC.
La Organización Médica Colegial (OMC) defiende que la sanidad pública atienda a los inmigrantes por motivos deontológicos, de prevención de enfermedades y económicos.
Cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE): País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña han anunciado que seguirán atendiendo a los inmigrantes en situación irregular, pese al decreto 16/2012. Lo mismo que hará una gobernada por el PP, Galicia. Como también les atenderán muchos médicos, enfermeros y asistentes técnicos sanitarios en el resto de España porque para ellos, como para muchos ciudadanos, la sanidad es un derecho universal. De todos y para todos.
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