Decreto presidencial otorga amnistía a jóvenes indocumentados en EEUU
Washington / USA 27 de Junio 2012
Según estimaciones del Pew Hispanic Center, podría evitar que 1.4 millones de personas sean deportadasLa medida fue calificada como una buena noticia para las comunidades de inmigrantes indocumentados.
Mediante decreto presidencial se otorga una amnistía de hasta 24 meses y la posibilidad de obtener permisos de trabajo a jóvenes indocumentados que hayan arribado a Estados Unidos a los 16 años de edad o menos; que actualmente tengan un máximo de 30 años, y que cumplan además con una serie de requisitos, como haber permanecido el último lustro en territorio estadunidense, haber concluido la educación secundaria y no haber sido sentenciados por delitos graves.
Al anunciar la determinación comentada –que, según estimaciones del Pew Hispanic Center, podría beneficiar a 1.4 millones de personas al evitar que sean deportadas–, el presidente estadunidense, Barack Obama, sostuvo que no tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos y advirtió que el decreto no es un camino para lograr la ciudadanía, sino una medida temporal para intentar solucionar un problema.
La medida fue calificada como una buena noticia para las comunidades de inmigrantes indocumentados, no sólo porque alivia la difícil situación que enfrentan millones de jóvenes estudiantes y trabajadores, sino porque contrarresta, en alguna medida, cuatro años de una política errática en materia migratoria.
Las propuestas electorales de Barack Obama, le generaron simpatías en el electorado hispano y en los sectores más progresistas de la sociedad estadunidense. No obstante, a pesar de haber contado durante los primeros dos años de su administración con un Congreso mayoritariamente demócrata, no pudo obtener, en torno al tema migratorio, un respaldo legislativo suficiente, por el contrario, el Senado rechazó en diciembre de 2010 la llamada Dream Act –que habría otorgado a jóvenes nacidos en el extranjero la posibilidad de convertirse en residentes legales después de pasar dos años en la universidad o en las fuerzas armadas–, se intensificaron las expresiones de racismo y xenofobia, como quedó de manifiesto con la aprobación de la Ley SB1070 por el Congreso de Arizona, y con la deportación de casi 400 mil inmigrantes entre 2010 y 2011.
Con todo, el decreto presidencial ha sido recibido como un gesto de buena voluntad por parte de la Casa Blanca y como una muestra de la capacidad de los migrantes por ejercer un contrapeso efectivo a los sectores chovinistas y xenófobos de Washington.
La disposición no es ni mucho menos una señal de una enmienda integral que permita la regularización para los millones de indocumentados que trabajan o estudian en Estados Unidos. Por ello, los propios migrantes han anunciado que seguirán presionando a las autoridades de Washington, con independencia de su signo partidista, para lograr el reconocimiento legal que merecen en función del aporte invaluable que realizan a la economía y la cultura estadounidenses.
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