Plan de Retorno Productivo
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(Desdelsur/OIM, La Paz) El estado boliviano cuenta con varios instrumentos para la definición de la política pública en materia migratoria y la gestión de los retornos en territorio nacional.
Desde la Constitución Política del Estado, pasando por el Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien 2011-2015, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013 y los planes sectoriales de gobierno, establecen la responsabilidad y las competencias estatales y dan cuenta de la necesidad de una acción multisectorial e integral que compromete al nivel nacional, regional y local desde un enfoque territorial.
En el 2009, por primera vez, el gobierno incluye la cuestión del retorno en la política migratoria del país, a través de un programa piloto de Retorno Productivo orientado a familias bolivianas residentes en Argentina y Chile, en base a la asignación de tierras agrícolas.
Ese mismo año, se aprueba el Decreto Supremo 371, que establece la liberación de aranceles aduaneros para la importación de menaje doméstico, máquinas, equipos y herramientas con un valor máximo de hasta $us50.000.- para los bolivianos que deseen regresar tras dos o más años de residencia en el exterior. Este Decreto Supremo, reconoce en su parte considerativa la trayectoria laboral de los bolivianos residentes en el exterior declarando que su aporte es bienvenido por el Modelo Social Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.
También el 2009, el Decreto Supremo 2985, pone en vigencia el Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos 2009-2013, que constituye un importante aporte a la orientación de políticas y programas para la atención a la temática migratoria y los retornos en territorio nacional.
Al amparo de esta cobertura legal, hasta el momento se ha avanzado en dos experiencias concretas. El diagnóstico para el “Diseño de un Plan de Retorno y Reintegración sostenible para migrantes bolivianos y bolivianas”, destaca que la primera experiencia “involucra a 50 familias de agricultores radicados en el Valle Azapa, Chile, quienes de manera paulatina va preparando, con algún apoyo estatal, las condiciones para su futuro traslado a Santa Rosita en la municipio de San Ignacio de Velasco”. La segunda iniciativa involucra “alrededor de cien familias con residencia en Escobar, Argentina, y se plasmó en la entrega de tierras en la provincia de Chiquitos”.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha estimado que en ambos casos, el proceso de retorno llevará de tres a cinco años porque las tierras son áreas fiscales que no cuentan con caminos, viviendas, hospitales, escuelas y otros servicios básicos.
Según el representante de la OIM en Bolivia, Walter Arce, más allá de algunas dificultades operativas, “estas iniciativas han promovido la acción conjunta de varios actores gubernamentales, han vinculado al Viceministerio de Tierras y al INRA, con los viceministerios de Vivienda y de Pequeña y Mediana Empresa y la Cancillería, ratificando la necesidad de una acción intesectorial e integral”.
Destacó que el proyecto piloto de Retorno Productivo “incluya la dotación de tierras porque eso genera arraigo”, y recomendó “el acompañamiento del proceso para la consolidación de las comunidades que retornan”.
Arce consideró que otra ventaja comparativa es que el proyecto está tomando en cuenta las capacidades productivas del migrante boliviano, “por ejemplo en el caso de los bolivianos radicados en Argentina, se reconocen las destrezas aprendidas en el proceso migratorio para la producción agrícola, especialmente de frutas y hortalizas, y esto – a su vez – se articula con las políticas públicas que apuntalan la seguridad alimentaria del país”.
En su opinión, las medidas de carácter arancelario e impositivo han tenido menor impacto porque “requieren acuerdos de alcance bilateral, no es suficiente decretar la liberación de impuestos para el retorno con maquinarias en Bolivia, hay que asegurar que las mismas ventajas se otorguen en los países de retorno”.
FONTE
DESDELSUR
BOLIVIA-INFINITA
(Desdelsur/OIM, La Paz) El estado boliviano cuenta con varios instrumentos para la definición de la política pública en materia migratoria y la gestión de los retornos en territorio nacional.
Desde la Constitución Política del Estado, pasando por el Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien 2011-2015, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013 y los planes sectoriales de gobierno, establecen la responsabilidad y las competencias estatales y dan cuenta de la necesidad de una acción multisectorial e integral que compromete al nivel nacional, regional y local desde un enfoque territorial.
En el 2009, por primera vez, el gobierno incluye la cuestión del retorno en la política migratoria del país, a través de un programa piloto de Retorno Productivo orientado a familias bolivianas residentes en Argentina y Chile, en base a la asignación de tierras agrícolas.
Ese mismo año, se aprueba el Decreto Supremo 371, que establece la liberación de aranceles aduaneros para la importación de menaje doméstico, máquinas, equipos y herramientas con un valor máximo de hasta $us50.000.- para los bolivianos que deseen regresar tras dos o más años de residencia en el exterior. Este Decreto Supremo, reconoce en su parte considerativa la trayectoria laboral de los bolivianos residentes en el exterior declarando que su aporte es bienvenido por el Modelo Social Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.
También el 2009, el Decreto Supremo 2985, pone en vigencia el Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos 2009-2013, que constituye un importante aporte a la orientación de políticas y programas para la atención a la temática migratoria y los retornos en territorio nacional.
Al amparo de esta cobertura legal, hasta el momento se ha avanzado en dos experiencias concretas. El diagnóstico para el “Diseño de un Plan de Retorno y Reintegración sostenible para migrantes bolivianos y bolivianas”, destaca que la primera experiencia “involucra a 50 familias de agricultores radicados en el Valle Azapa, Chile, quienes de manera paulatina va preparando, con algún apoyo estatal, las condiciones para su futuro traslado a Santa Rosita en la municipio de San Ignacio de Velasco”. La segunda iniciativa involucra “alrededor de cien familias con residencia en Escobar, Argentina, y se plasmó en la entrega de tierras en la provincia de Chiquitos”.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha estimado que en ambos casos, el proceso de retorno llevará de tres a cinco años porque las tierras son áreas fiscales que no cuentan con caminos, viviendas, hospitales, escuelas y otros servicios básicos.
Según el representante de la OIM en Bolivia, Walter Arce, más allá de algunas dificultades operativas, “estas iniciativas han promovido la acción conjunta de varios actores gubernamentales, han vinculado al Viceministerio de Tierras y al INRA, con los viceministerios de Vivienda y de Pequeña y Mediana Empresa y la Cancillería, ratificando la necesidad de una acción intesectorial e integral”.
Destacó que el proyecto piloto de Retorno Productivo “incluya la dotación de tierras porque eso genera arraigo”, y recomendó “el acompañamiento del proceso para la consolidación de las comunidades que retornan”.
Arce consideró que otra ventaja comparativa es que el proyecto está tomando en cuenta las capacidades productivas del migrante boliviano, “por ejemplo en el caso de los bolivianos radicados en Argentina, se reconocen las destrezas aprendidas en el proceso migratorio para la producción agrícola, especialmente de frutas y hortalizas, y esto – a su vez – se articula con las políticas públicas que apuntalan la seguridad alimentaria del país”.
En su opinión, las medidas de carácter arancelario e impositivo han tenido menor impacto porque “requieren acuerdos de alcance bilateral, no es suficiente decretar la liberación de impuestos para el retorno con maquinarias en Bolivia, hay que asegurar que las mismas ventajas se otorguen en los países de retorno”.
FONTE
DESDELSUR
BOLIVIA-INFINITA
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